Organizaciones ciudadanas podrán presentar sus proyectos para mejorar o preservar el medio ambiente, hasta el 24 de septiembre de este año.

A la espera del Decreto Supremo de la Ley 20.920 que fijará metas de recolección y valorización, los actores del rubro se adelantaron a la normativa con la implementación de un plan piloto que recolectó más de 45 mil unidades de baterías automotrices fuera de uso (BFU) y generó capacidades para enfrentar los desafíos de la gestión responsable de este residuo peligroso.

El proyecto de ley volverá a la Cámara de Diputados para iniciar el tercer trámite legislativo en el camino para ser promulgado como Ley.

Desde la organización reforzaron el llamado a que la futura Constitución “priorice la protección del agua y los ecosistemas claves para el ciclo hidrológico”, tras conocerse que julio recién pasado ha sido uno de los meses más secos en la historia del país. 

“La entrada en vigencia de esta ley que hace tres años eliminó las bolsas plásticas nos posicionó, por un breve tiempo, como líderes en América Latina, pero lo que no tenemos en cuenta es que el  mercado más grande de plásticos hoy son los materiales de empaque. Los desperdicios de envases plásticos ahora representan casi la mitad de todos los residuos plásticos generados globalmente; esto porque  la mayor parte nunca llega reciclado o incinerado”,  explican en Greenpeace.