A la fecha, la gran mayoría de las plantas desaladoras han sido desarrolladas y construidas para satisfacer el consumo de clientes mineros en el norte grande, lo cual nos permite concluir que el agua desalada es económicamente viable para clientes que poseen pocas -o ninguna- fuente alternativa de agua, y al mismo tiempo están dispuestos a pagar un valor en un rango de 1-3 USD/m3.
"El consumo humano y la actividad agrícola consumen 14% y 70%
del total de la demanda nacional de agua. Sin embargo, estos
segmentos de clientes requieren de precios menores para que sea
factible económicamente"
La minería sólo representa el 4% de la demanda de agua a nivel nacional. Por su parte, el consumo humano y la actividad agrícola consumen 14% y 70% del total de la demanda nacional de agua. Sin embargo, estos segmentos de clientes requieren de precios menores para que sea factible económicamente, asumiendo que en sectores como la zona central, la seguridad hídrica proveniente de la desalación sería complementaria a otras fuentes tales como el reúso.
"El costo energético representa entre el 30 y hasta el 50% del costo
operacional total de una planta"
Una planta desaladora consume en torno a los 3 KW/h de energía eléctrica para producir un metro cúbico de agua desalada. El costo energético representa entre el 30 y hasta el 50% del costo operacional total de una planta. La energía es entonces probablemente la variable más importante a la hora de reducir el precio del agua, junto con los subsidios estatales a la infraestructura hidráulica de transporte y almacenamiento.
La estrategia nacional de desalación -la cual hoy consta en un proyecto de ley (boletín 11.608-09) y de la cual los presidenciables han prometido desarrollar- debiese coordinarse con una estrategia de energía renovable destinada específicamente a satisfacer su consumo eléctrico. En concreto, me refiero a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) se coordine con la estrategia estatal de desalación y con el Ministerio de Bienes Nacionales de tal manera de abrir licitaciones públicas especialmente destinadas a satisfacer la demanda eléctrica desaladora, la cual tendría por objeto, ofrecer contratos de suministro (PPA) de mediano plazo (Ej. 10 años, renovable) que habiliten el desarrollo y construcción de proyectos solares y eólicos especialmente destinados a satisfacer estos bloques de demanda eléctrica.
"La Comisión Nacional de Energía (CNE) se coordine con la estrategia
estatal de desalación y con el Ministerio de Bienes Nacionales de tal
manera de abrir licitaciones públicas especialmente destinadas a
satisfacer la demanda eléctrica desaladora"
¿Cuál es el rol de Bienes Nacionales? Se sugiere que dichas adjudicaciones públicas posean ciertas condiciones de desarrollo, ordenamiento territorial y localización de proyectos. Primero, resulta importante que los proyectos energéticos se emplacen cerca de las plantas desaladoras, cuyas concesiones marítimas debiesen ser administradas por BBNN para un mejor ordenamiento territorial y una mayor aceleración de dicho trámite (proyecto de ley boletín 8.467-12). Por otro lado, el emplazamiento puede ahorrarnos importantes dolores de cabeza en materia de transmisión. Si aprovechamos las líneas de transmisión dedicada, evitamos el uso de la trasmisión troncal, evitando curtailments, peajes y perdidas eléctricas. En segundo lugar, resulta importante que la entrada en operación de los proyectos ERNC sea simultánea a su respectivo proyecto desalador al cual le servirá energía. Para ello resulta clave que todos estos proyectos sean tramitados bajo un programa de Fast Track en el contexto de una política de Estado para la desalación con energías renovables. Me refiero a que debiesen tener prioridad en la tramitación de Estudios y/o Declaraciones de Impacto Ambiental, la obtención de concesiones marítimas, el informe favorable para la Construcción (IFC o cambio de uso de suelo) y probablemente lo más importante: que los proyectos desaladores accedan a la facultad de imponer servidumbres de acueducto, establecida en el artículo 76 del Código de Aguas, de tal manera de dar certeza jurídica al transporte de agua hacia los valles productivos y centros de consumo humano.
"Que los proyectos desaladores accedan a la facultad de imponer
servidumbres de acueducto, establecida en el artículo 76 del Código
de Aguas, de tal manera de dar certeza jurídica al transporte de agua
hacia los valles productivos y centros de consumo humano"
De esta manera podremos ser capaces de desalar agua a un costo considerablemente menor, aprovechando las economías de escala y la competencia del mercado, otorgando mayor sostenibilidad económica a clientes con menor poder de compra pero con alto volumen de consumo de agua, tales como la pequeña y mediana agricultura. Asimismo, en caso de que sea necesario otorgar un subsidio adicional a los Sistemas de Agua Potable Rural (APR), la rentabilidad social para el estado será considerablemente más alta asumiendo que hoy existe un gasto público de más de 300.000 millones de pesos en camiones aljibe.
Ignacio Rodríguez es abogado y socio de Impacto Legal.
